(Carta de J orge Español publicado en el Diario de l'Ato Aragón)
El 2/10/1997, cuando aún no se conocía la suerte del litigio, el Parlament de Cataluña rechaza apoyar la integridad del Museo Diocesano de Lérida con el acertado argumento de que el asunto era de exclusiva competencia de la Santa Sede y, por lo tanto, no se podía interferir, algo que la clase político-eclesiástica catalana cambia cuando conocen el Decreto del Nuncio L. Kada de 29/6/1998, que atribuía las piezas en litigio a las parroquias aragonesas, comenzando entonces una loca guerra sin cuartel contra los mismos Tribunales vaticanos. Hasta los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se apuntan, no sin cierto oportunismo, a la tesis de que los Decretos vaticanos dictados no tienen ningún efecto jurídico en España, algo que espero el Tribunal Supremo corrija enérgicamente. La guinda la pone una misteriosa asociación político-religiosa llamada Amics del Museu de Lleida que también presenta una temeraria demanda en los Juzgados de Lérida para que se atribuya la propiedad de las piezas al Obispado de Lérida. Esto no es Derecho sino política y no de la mejor precisamente.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, país que no tiene ni siquiera firmado un Concordato con la Iglesia Católica, nos dice que las "decisiones de los Tribunales canónicos competentes en asuntos eclesiásticos, aunque afecten al Derecho Civil, deben ser aceptadas como firmes y vinculantes en los Tribunales civiles": La razón es el respeto a la libertad religiosa y al principio de aconfesionalidad del Estado, y lo mismo ocurre en los países democráticos de nuestro entorno que no intervienen ni menos homologan decisiones legislativas, ejecutivas o judiciales de la Iglesia, que para eso goza del elemental derecho a organizarse libremente y sin interferencias. El Estado español, como también los EE.UU., sólo se reserva intervenir en materia de divorcio y relaciones paterno-filiales entre católicos, nada más.

Cataluña, con unos conflictos identitarios que la están devorando, quiere tener una Iglesia nacionalista a la medida y patente de corso en todo, hasta en este asunto, pero esto no es posible en el siglo XXI, y aquí, el nuevo Nuncio, a quien deseo toda clase de éxitos, tendrá una ardua y dura labor. Es hora de que en este asunto impere la cordura y el Derecho y se convenza todo el mundo de que éste es un asunto eclesiástico donde los tribunales civiles deben tener los Decretos vaticanos como firmes y vinculantes.